ALTERNATIVAS
Miguel Ángel Rodríguez E.
Los mayores peligros para la sobrevivencia de una democracia liberal, esto es una democracia restringida por un operante Estado de derecho, nacen de sus propias características.
Uno de sus elementos esenciales es el derecho de todos los ciudadanos a expresar, trasmitir y promover libremente sus opiniones y a optar por alcanzar el ejercicio de los poderes públicos por los medios legítimamente disponibles. Ello permite acceder al poder a personas y grupos que luego subvierten el régimen democrático.
Los latinoamericanos hemos sufrido la experiencia vivida en varias naciones de personas que llegan legítimamente al ejercicio del poder para luego usar las propias estructuras del poder para corromper la institucionalidad democrática, y perpetuarse ellos o su grupo en el ejercicio del gobierno violentando los derechos políticos de los ciudadanos, la libertad de expresión y generalmente también la independencia judicial.
En la democracia liberal para limitar los abusos del poder se han constituido diferentes instituciones que conforman el estado de derecho hoy atacado por los populismos.
Después de la II Guerra Mundial con las declaraciones de derechos humanos y la fuerza de las instituciones internacionales surgieron, sobre todo en Europa y América, organizaciones internacionales para la defensa de los derechos humanos, y se desarrolló también la protección del derecho ciudadano a vivir en democracia y libertad.
Cuando en Perú el gobierno legítimamente electo del presidente Alberto Fujimori rompió el orden constitucional, se nos recordó que la democracia no solo se pierde por golpes de cuartel.
En 2001 en la Cumbre de las Américas de Quebec mi gobierno propuso la cláusula democrática: “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”.
Mes y medio después en la Asamblea General de la OEA en San José y en una sesión extraordinaria en Lima en setiembre se aprobó la Carta Democrática Interamericana (CDI) promovida por Canadá, Costa Rica y Perú.
Estaba ya claramente consagrado en nuestro continente el derecho humano de las personas a vivir en democracia, y su defensa interamericana.
Pero la CDI solo se ha podido aplicar con éxito al golpe de estado de 2002 contra Hugo Chávez y en 2009 a la expulsión del presidente Manuel Zelaya de Honduras.
El socialismo del siglo XXI dominó buena parte de este siglo e impidió una aplicación oportuna de la CDI a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. Es más, para la Cumbre de las Américas en Panamá 2015 se dejó de lado la cláusula democrática y se invitó a Cuba.
Como lo evidencia la Cumbre de las Américas en Los Ángeles de este año los ánimos democráticos de muchas naciones de la OEA han flaqueado, y se percibe que en nuestro continente al igual que en buena parte del mundo los temas de democracia y libertad han perdido la vigencia que tuvieron en décadas anteriores.
Por ello es urgente hoy en nuestro país y en los foros internacionales defender el derecho a vivir en democracia y libertad.
Es una tarea nunca terminada y siempre sujeta a sufrir derrotas por los espejismos populistas y estatistas de derecha y de izquierda.
Fecha de publicación: 19-Setiembre-2022
Fuente: diarioextra.com