Costa Rica no puede dar la espalda a la discusi?n sobre los efectos de las nuevas tecnolog?as
POR Miguel ?ngel Rodr?guez
Vivimos en el siglo XXI. Debemos actuar de conformidad. No podemos mantener intocables las normas que regulan nuestras instituciones cuando el cambio tecnol?gico las deja atr?s. No hacerlo produce enfrentamientos que pueden tener un gran costo social. Este es el caso que vivimos entre los concesionarios de taxi y los operadores de Uber.
Ambos tienen argumentos v?lidos para defender sus posiciones.
Los taxistas operan bajo concesi?n de un servicio p?blico regulado por el Estado, que les dio una autorizaci?n para trabajar amparados a garant?as en el n?mero de operadores. A cambio, deben regirse por regulaciones mucho m?s estrictas que los que prestan actividades comerciales en abierta competencia. De aqu? su enfrentamiento con las personas que compiten fuera de esas normas: modelo de los veh?culos, monto de las tarifas, seguros de protecci?n a los pasajeros, etc.
De aqu? tambi?n su oposici?n a Uber, una plataforma tecnol?gica que coordina acciones de sus operadores, pues permite poner en contacto al usuario y a quien desea prestar un servicio de transporte, efect?a los cobros y, en forma privada (como lo hace, por ejemplo la franquicia de McDonald?s en respaldo de sus franquiciados), le garantiza al usuario m?nimos de calidad y monto de la tarifa.
Tecnolog?a. Los operadores de Uber, por su parte, responden al cambio en las tecnolog?as de la informaci?n y la comunicaci?n, que les permiten operar de una manera ni siquiera imaginable hace unos pocos a?os.
?C?mo, sino a base de estar en las calles circulando con distintivos muy identificables, iba uno a conseguir un veh?culo que le prestara un servicio de transporte? ?Qu? garant?a pod?a tener de que el conductor respondiera a la confianza de montarse en su autom?vil?
Ante este enfrentamiento que f?cilmente conduce al choque violento de intereses, es absurdo pretender que la soluci?n est? solo en escoger entre los dos extremos de prohibir Uber o dejar este tipo de transporte a la libre, sin alterar el sistema actual de regulaci?n para los taxis.
De ah? la huelga de hace una semana y los enfrentamientos que seguir?n si no se busca una soluci?n intermedia.
Y la soluci?n es clara: es necesario un cambio institucional y un r?gimen de ajuste.
Otro modelo. Los taxistas no tienen oportunidad de competir rentablemente si no se les libera de las reglas de una concesi?n otorgada en condiciones muy diferentes a las actuales.
En competencia no tienen por qu? tener tarifas reguladas, ni estar sometidos a pagos diferenciados, ni a tr?mites engorrosos. Basta con unas pocas reglas generales aplicables a todos los que hagan transporte remunerado de personas en autom?viles, lo cual a la vez elimina el conflicto con los porteadores y desaparece el concepto de ?piratas?.
Ya no cabe una limitaci?n de su n?mero si entes como Uber pueden hacer tareas similares sin l?mites.
Adem?s, taxistas en competencia se ver?an ?para su beneficio? empujados a innovar usando tambi?n las nuevas oportunidades tecnol?gicas con provecho para ellos y para sus clientes.
Por su parte, Uber ?y cualquier operadora similar en este campo? debe contribuir como empresa de la econom?a formal, y se debe garantizar el pago de los impuestos de renta y contribuciones a la seguridad social de la matriz y de sus operadores, de manera que el franquiciador recaude y pague al Estado los montos correspondientes.
Deber?n, adem?s sus operadores, cumplir al menos con las reglas generales para todo el que quiera dar servicio p?blico de transporte de personas en autom?vil.
Nivelar la cancha. Estas reformas institucionales son solo una peque?a parte de las transformaciones que como pa?s tendremos necesariamente ?y si somos inteligentes en forma pionera? que hacer para compatibilizar justicia y eficiencia en la ?econom?a por encargo? o gig economy, que surge de la posibilidad que brinda la nueva tecnolog?a.
Los avances en infocomunicaci?n permiten coordinar con bajos costos el trabajo por los ?encargos?. La empresa Uber es solo el ejemplo m?s sonado, y este es tema que merece amplia discusi?n nacional.
As? se nivelar?a la cancha en favor de los usuarios y la paz social, pero no se atiende la justa reivindicaci?n de los taxistas por el cambio en la concesi?n. Esta es una situaci?n diferente a la que enfrenta toda actividad privada ante el cambio tecnol?gico.
Si yo tengo una imprenta y con el invento de computadoras e impresoras personales se afecta mi negocio, esto es muy diferente a si mi negocio se basa en una concesi?n con determinadas caracter?sticas que me haya concedido el Estado.
La compensaci?n para cada taxista se podr?a determinar por el Estado tomando en cuenta el tiempo que la ha disfrutado ?lo que servir?a para evaluar el tiempo dedicado a adquirir las destrezas y conocimientos espec?ficos? y el valor actual de su veh?culo, que evaluar?a el capital invertido cuyo valor como generador de la renta monop?lica se pierde.
Si el taxi ha sido conducido por un chofer en una segunda jornada, parte de la indemnizaci?n por el tiempo servido podr?a ir a esa persona.
Encarar el problema. Estos temas son dif?ciles por nuevos y desconocidos, y porque implican efectos redistributivos. Pero son insoslayables. Costa Rica no puede dar la espalda a la discusi?n que encaran las sociedades occidentales sobre los efectos de las nuevas tecnolog?as que aumentan la desigualdad.
El Estado debe encarar esa situaci?n igual que en el pasado lo hizo con temas de educaci?n, salud y normas laborales.
En estos d?as la Conferencia Episcopal en su mensaje ?El bien com?n como anhelo de nuestra sociedad? se?alaba la necesidad de actuar solidaria y creativamente ante estos cambios: ?En los ?ltimos tiempos, un acelerado cambio cultural, debido a din?micas sociales, pol?ticas, econ?micas e ideol?gicas, tanto al interior del pa?s como por influencia internacional, ha ido en detrimento del sentido de solidaridad y de la b?squeda del bien de todos los habitantes de Costa Rica (?). Es innegable la creciente y peligrosa violencia que aflora en el pa?s, como expresi?n de esa ausencia de cohesi?n solidaria. Hay puntos cr?ticos que lo ponen de manifiesto, entre ellos, el transporte p?blico, en relaci?n con qui?nes y c?mo prestan el servicio, y su regulaci?n por parte del Estado?.
Frente a un problema como este, que surge de las normas existentes, y aqueja a un grupo numeroso de personas afectadas por un choque tan abrupto, tiene sentido pensar en darles apoyo para que puedan adaptarse.
Es una situaci?n similar a establecer programas de cr?dito y de reentrenamiento para facilitar el cambio a trabajadores o peque?os empresarios que operan en industrias que desaparecen por el cambio tecnol?gico o la apertura de mercados.
Compensaci?n m?dica. Claro que la compensaci?n debe ser m?dica, pues la concesi?n fue gratuita y ha permitido al concesionario explotar rentas monopol?sticas. Adem?s no se trata de inducir a protestar para generar compensaciones, como ocurri? con los oreros de Corcovado.
Estas solo pretenden ser algunas ideas para solucionar el conflicto. Lo que es evidente es que se necesita un cambio institucional para adaptarse al cambio tecnol?gico. Arbitrar esta soluci?n es tarea del gobierno.
No es f?cil buscar el equilibrio en conflictos como este. Pero ni se puede impedir el progreso en favor de los ciudadanos en virtud de regulaciones gubernamentales dictadas en muy diferentes condiciones, ni se debe crear una conflictividad que surge de las regulaciones del propio Estado.
El autor fue presidente de la Rep?blica de 1998 al 2002.