Trámites, clima de negocios y crecimiento
Este es el décimo de una serie de artículos sobre los cambios en el modelo económico para pasar de uno de promocion de exportaciones a uno basado en la productividad
Eliminar trámites y atrasos innecesarios para que vuelvan a surgir como abejones en mayo, es una vergüenza. Es igualmente una vergüenza que entre 183 economías ocupamos en la última evaluación del Banco Mundial el puesto 122 respecto a nuestra facilidad para hacer negocios. Perdimos 6 escalones respecto al año anterior, pues aquí toma en promedio 61 días establecer un negocio. Para otorgar permisos de construcción ocupamos el puesto número 142 en esa evaluación, en ejecutar contratos el 129, en proteger a los inversionistas el 166 e incluso en facilidades para pagar impuestos el puesto 138. En todos estos casos estamos en el tercio de países más ineficientes del mundo, y lo peor es que resolver estos temas no demanda grandes inversiones.
Por su parte, el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial nos coloca en el lugar 131 entre 142 naciones respecto a la protección a la inversión, en el 85 por el peso de las regulaciones gubernamentales y de 127 por número de días requeridos para iniciar un negocio.
Rudolfe Lücke del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la UCR ha realizado una serie de relaciones entre lo invertido por gobiernos de diversos países y los resultados obtenidos, haciendo patente la ineficiencia del uso de nuestros recursos públicos en diferentes campos, incluyendo el de facilitar negocios. Estas debilidades deben ser solucionadas para aumentar la eficiencia de la producción en Costa Rica, pues implican aumento de la incedrtidumbre y costos innecesarios para la producción nacional impidiéndole ser realmente eficiente. Y esto requiere esfuerzos superiores a los usuales, pues muchos gobiernos se han comprometido a eliminar estos problemas pero los resultados, las pocas veces que se han dado, han sido poco duraderos.
No se ha podido avanzar con reformas que aseguren que la Contraloría no intervenga con criterios políticos de oportunidad ni de conveniencia y que promuevan acelerar la toma de decisiones en las contrataciones administrativas, que la Sala Constitucional sea tal y verdaderamente vuelva a la defensa de los derechos fundamentales de la constitución y no sea un senado político, que la elaboración de presupuestos abarque en grandes rubros la totalidad –y no menos de la mitad, como ahora- del sector público no financiero, que los procedimientos sean menos formalistas y más relacionados con los fines de las instituciones públicas para que cumplan con su propósito en vez de ser meros estorbos.
La simplificación de procedimientos, la limitación de los controles a los campos de su estricta competencia y la vigilancia permanente en el uso de las regulaciones es otra área en la que se requieren acciones fuertes para aumentar la eficiencia y la competitividad de la producción costarricense.